El exdirector del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Sergio Medina Ibarra fue vinculado a proceso, tras acreditarle su probable participación en el delito de peculado agravado por el desvío de 379 millones 204 mil 999 pesos de las arcas públicas.

En un comunicado, la Fiscalía de Chihuahua informa que el Ministerio Público expuso las pruebas incriminatorias. De febrero a octubre del 2016, el imputado simuló un procedimiento administrativo de prestación de servicios, mediante la adjudicación directa con la empresa Asesorías y Servicio a Informáticos Online, S.A. de C.V.

En complicidad con otros colabores y personas externas, Sergio Medina Ibarra aprobó 28 pagos y transferencias bancarias, al fingir la realización del dictamen de excepción a la licitación, acta de adjudicación directa, contrato y facturación a favor de la empresa creada en diciembre del 2012 de la cual no existe registro.

En las entrevistas de los testigos, quedó asentado que este desvío millonario fue encargado a Gerardo V. M. Quienes operaron tal acción fueron el entonces director general de Administración, Carlos Hermosillo Arteaga, (quien firmó) y el imputado, (quien autorizó). Además, ninguno ejercía dichos cargos, sin embargo, firmaron como servidores públicos en funciones.

Los involucrados desarrollaron negocios personales en su beneficio, como la compra de viviendas, predios rústicos en Chihuahua y Quintana Roo, así como la compra de ganado bovino.

En el caso de Sergio Medina Ibarra, le permitió adquirir la planta de minerales Real de Viedma, (en el municipio de Parral) y el club deportivo Mineros de Parral.

Otro testigo declaró que Gerardo V. M., cuando fungía ya como director general de Administración, entregó en la casa de gobierno al exmandatario estatal César Duarte, la cantidad de 22 millones de pesos (producto de este desvío), dinero que tenía en el cajón de su oficina, y los cuales se destinarían a cada uno de los diputados que votaron a favor de la bursatilización.

En las investigaciones efectuadas por el Grupo Multidisciplinario que dirige la “Operación Justicia para Chihuahua”, se descubrió la organización de la red de corrupción que operó la administración encabezada por César Duarte, quien personalmente instruyó a la Secretaría de Hacienda realizar las transacciones y designó los funcionarios que efectuarían determinados contratos.

Está red de corrupción estaba distribuida por:

Titulares de Secretarías y equivalentes que participaban en políticas públicas y en el desarrollo del Plan de Gobierno.

Directores generales, directores y jefes de Departamento que atendían a la operación de los recursos para su desvío.

Empleados de Gobierno con el fin de mantener la operación técnica y burocrática en atención a la sociedad.

Al concluir la exposición de evidencias y pruebas, la Jueza de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Medina Ibarra; además fijó tres meses como plazo para el cierre de la investigación y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.